el siguiente resumen es una breve guía que busca orientar las primeras aproximaciones y relaciones interculturales dadas por una inversión privada en un área territorial con población indígena.
actualmente no existe un legal único y definitivo en que recoja lo suscrito con el convenio 169 de la oit, firmado por chile el año 2008. según dicho acuerdo, el país firmante tiene un año de plazo para adaptar la legislación vigente en el país. pasados cinco años, chile aún no realiza dicho compromiso de adaptación de la legislación nacional a los acuerdos adheridos al convenio, por ello es que los tribunales de justicia se ven constantemente obligados a intervenir en temas de ésta naturaleza.
la consulta, más que una instancia final de las exigencias de la reglamentación, debe ser un proceso inicial de construcción entre comunidad, y el estado. por ello, buscar buenas relaciones y acercamientos interculturales para el buen desarrollo de una región o zona determinada, se hace imprescindible ante la falta de un cuerpo legal único que vele por un procedimiento justo de consulta a las comunidades locales.
por lo anterior, es necesario tener presente ciertos criterios de acercamiento entre las y las comunidades, desde la inicial de inversión hasta la posterior instalación de ésta en áreas de desarrollo indígena.
1. vinculación temprana: establecer de forma temprana, rápida y con bastante tiempo de antelación a la presentación formal del proyecto. esta situación le da valides y seriedad al acercamiento de la empresa con las comunidades indígenas locales, generando en consecuencia un importante grado de diálogo y compromiso hacia la población indígena local.
2. establecer tipos de consultas:
- Las consultas ciudadanas son diferentes y separadas de las consultas indígenas.
- Las consultas indígenas deben ser individuales a cada comunidad indígena identificada en el territorio a intervenir.
- Las consultas indígenas deben estar acompañadas por de la CONADI, para dar legitimidad al acto.
- Las consultas indígenas deben ser participativas y bajo los parámetros acordados con los representantes de las comunidades indígenas locales.
3. protocolos de comunicación empresa-comunidad:
- Se debe consensuar un lenguaje común, comprensivo, que aúna la perspectiva de los inversionistas y la indígena local.
- Diálogo transparente y franco.
- No prometer beneficios que no se cumplirán con el tiempo.
- Respeto a la institucionalidad indígena, buscar y dialogar con sus legítimos representantes, pero también hacerlo extensivo a las de la comunidad indígena involucrada, para no generar quiebres internos.
- Los tiempos y espacios para el diálogo no siempre son iguales entre inversionistas y comunidades indígenas. Es importante empatizar con las lógicas de los otros.
- El silencio en una consulta indígena no involucra necesariamente comprensión o aceptación.
- Debe existir continuidad de los actores que están involucrados en el diálogo.
4. cierre proceso: es importante dar un cierre al proceso, para darle validez a los acuerdos logrados en las consultas, rondas de presentaciones y reuniones con las comunidades indígenas locales y sus representantes.
- Disposición para acoger aspiraciones de las comunidades.
- Validación de las medidas de compensación surgidas en las rondas de consultas.
- Los acuerdos deben ser acordados entre la comunidad indígena local y sus representantes, con un representante legal y de grado mayor de la empresa. No se recomienda consultores externos en ésta etapa.
5. legitimidad: es importante dar legitimidad a las consultas indígenas y ciudadanas, pues establece claros y definitivos de diálogo constructivo. beneficia la de la empresa ante las comunidades locales, como también genera una hoja de básica para su instalación en la zona.
6. conocimiento local: las comunidades indígenas actualmente están altamente conscientes del valor social, natural, económico y cultural de su territorio. bien informadas y asesoradas, con una estructura social conformada por dirigentes, ancianas y ancianos portadores del conocimiento, comités y organizaciones, y profesionales como técnicos que manejan perfectamente sus derechos, territorio y manejo de sus recursos naturales.
7. inversión: los costos del proceso de consulta es ínfimo respecto de otras fases de instalación de una inversión privada. en este sentido, no es excusa la falta de recursos económicos realizar un acabado y equitativo proceso de acercamiento y desarrollo de consulta indígena.
la inversión en un área de desarrollo indígena o con población indígena, más que una amenaza, es una oportunidad para un proyecto fuerte y de desarrollo integral.
8. perspectiva de colaboración a largo plazo: los tiempos no son los mismos para una empresa y una comunidad indígena, tampoco sus lógicas del desarrollo y uso de los recursos locales, por ello debe mantenerse una constante colaboración, canales de comunicación y respeto por la diversidad de visiones que existen en las comunidades de un territorio dado. dicho respeto facilitará el trabajo y acuerdos mutuos.
en este sentido, debe existir siempre estrategias y planes de relacionamiento comunitario, como también, un permanente monitoreo y seguimiento de los impactos que genera una inversión privada o pública en un territorio o comunidad local.
9. territorio: la dimensión territorial se posiciona como un factor central al momento de preservar, proyectar o intervenir un espacio geográfico determinado, sea esto desde el estado, las empresas -o el mundo privado-, como de las mismas comunidades indígenas.
en este sentido, el territorio indígena no se constituye como una extensión geométrica enmarcada en hitos físicos que separan y delimitan, sino es la consolidación de un tejido muy específico y singular de vínculos sociales entre los diferentes seres que constituyen el entorno, entre otros, las personas humanas y sus sociedades, cada uno con sus intereses y necesidades, que se vinculan en un espacio determinado. por ello, se debe tener la debida sensibilidad al proyectar y ejecutar una inversión privada en un área de desarrollo indígena.
10. el desafío es generar buenas prácticas, para mejorar las dinámicas y políticas de relaciones sustentables entre las empresas, el estado y las comunidades indígenas.